El nuevo paquete de medidas presentado por la CE recoge cuatro iniciativas concretas: una nueva tarjeta electrónica europea de servicios; evaluación de la proporcionalidad de las normas nacionales sobre los servicios profesionales; orientaciones sobre las reformas nacionales de la reglamentación de las profesiones, y la mejora de la notificación de los proyectos de legislación nacional sobre servicios.
El COGITI, como organización profesional implicada, en representación de los ingenieros del ámbito industrial, ha presentado sus alegaciones a este paquete legislativo, y ha trasladado sus primeras impresiones tanto al Comité Económico y Social Europeo (CESE) como a la Comisión Europea. Se inicia ahora un periodo de tramitación parlamentaria del citado paquete de medidas, por lo que a lo largo de los próximos meses, el COGITI trasladará a la Comisión Europea sus opiniones e inquietudes al respecto. En este sentido, una de sus principales preocupaciones es que la nueva normativa salvaguarde la seguridad, la protección, y los intereses de los ciudadanos/consumidores, como ya han trasladado a Stefano Palmieri, miembro del CESE, en el marco de las reuniones que han mantenido con representantes de estas instituciones europeas. Al mismo tiempo, entre los principales objetivos del COGITI se encuentra el de lograr un buen posicionamiento de la Ingeniería española en el marco de la Unión Europea.
Por su parte, el presidente del Consejo General de Colegios de Graduados en Ingeniería de la rama industrial (COGITI), José Antonio Galdón, ha expresado su visión acerca del nuevo paquete legislativo de la CE sobre servicios profesionales y las nuevas acciones legislativas previstas por la Unión Europea para 2017, con especial transcendencia para las profesiones reguladas, los colegios profesionales y la Ingeniería. En su opinión, esta nueva normativa, en periodo de tramitación, se ha establecido “primando criterios economicistas, pero no la incidencia directa que una profesión como la Ingeniería tiene sobre la seguridad de las personas, algo que en países como el nuestro requiere una cierta regulación y legislación”.
Para el presidente del Consejo General, los cambios que van a venir pasan por una mayor desregulación y por una evaluación periódica de las atribuciones profesionales, como ya ocurre en los países de nuestro entorno, lo que también comportará aspectos positivos, y afectará a los colegios profesionales, que como en el caso del COGITI, “se han convertido en centros de prestación de servicios modélicos que los colegiados demandan y valoran”.
Uno de los puntos clave de las iniciativas presentadas por la CE se centra en la evaluación de la proporcionalidad de las normas nacionales sobre los servicios profesionales. A este respecto, la CE indica que tanto las recomendaciones de reforma, como la prueba de proporcionalidad buscan perfeccionar los enfoques reguladores de los Estados miembros, sin dictarlos, asegurando unas mejores prácticas reglamentarias para garantizar que la regulación sea proporcionada y que se eviten las consecuencias económicas negativas.