El Presidente de COPITIMA, Antonio Serrano, ejercía de Presidente al asistir el alcalde Francisco de la Torre a las negociaciones del metro. El «gag» de todo buen principio era evidente: «No penséis que el alcalde ha cambiado mucho, es que hoy como vicepresidente me toca sustituirle», explicaba Serrano.
Algunas apostillas al informe, pero todo parecía indicar que el documento, que presentaba el Director General de la PTA, Felipe Romera, iba por buen camino. Todo hasta que, de repente, entró en acción el antiguo Concejal de IU en el Ayuntamiento, Antonio Ruiz, que no había participado en las discusiones previas y que dijo que votaba en contra porque no se hacía hincapié en la participación económica del Estado. Además, en el mismo explicaba que, de repente, se habían cargado las empresas de energías renovables porque ya no les interesaba, entre otras cuestiones.
Romera, con guante blanco, le explicaba que llevaban mucho tiempo intentado sacar el documento adelante y que podía introducir alguna idea, pero le instaba a votar a favor. De hecho, el informe, en el que se analiza el paro y la caída de la economía malagueña y formas para hacer resurgir el tejido empresarial, se había echado para atrás en una sesión del Consejo Social del año pasado. Así que el documento, ya manoseado durante dos años, venía recién sacado del horno, pero nadie se apercibía que todavía estaba ardiendo.
Tras el «descuelgue» de Ruiz se animó, casualmente, otro antiguo edil del Consistorio, el actual Secretario de Comisiones Obreras de Málaga, Antonio Herrera. Parecía como si hubiesen guardado el hacha de guerra de los antiguos plenos municipales. El tercero en la discordia, o en intentar poner orden, era Antonio Serrano, que no consiguió que entraran en razón.
Herrera decía que el Consejo Social tenía que hacer llegar tanto a los diputados como a los parlamentarios andaluces, que no comparte ni los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ni los de la Junta, momento en el que intervenía el concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, para decirle que esta no era una de las finalidades del organismo y que no podía admitir la iniciativa.
La concejal Toñi Morillas intentaba aunar esfuerzos y proponía una enmienda para que se instase a Gobierno, Junta y Ayuntamiento a consignar los presupuestos necesarios para hacer viable todas las medidas del documento. Se aceptó esta última idea, pero Herrera no dio marcha atrás y se abstuvo. Así el documento, desgraciadamente, no se aprobó por unanimidad, lo que dice muy poco de dos años de conversaciones. Tuvo un voto en contra y tres abstenciones.