Decano de COPITIMA, Antonio Serrano Fernández.
Las denuncias del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga (COPITIMA) se presentaron en julio del pasado año, y un año después, el Tribunal de Defensa de la Competencia de Andalucía ve una posible infracción de las actuaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, por lo que ha procedido a la incoación de dichos expedientes.
Todo comenzó con las dos denuncias que el Decano del COPITIMA presentó, el 18 de julio de 2012, ante el Tribunal de Defensa de la Competencia de Andalucía. En ellas, informaba sobre algunos problemas que estaba sufriendo el colectivo de Ingenieros Técnicos Industriales con los trabajos profesionales suscritos por los colegiados, que la hora de presentarlos en el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, junto con proyectos generales o de ejecución, acababan teniendo problemas con diferentes alegatos, poniendo en duda sus atribuciones y competencias.
Esto mismo sucedía con el «Estudio de Seguridad y Salud» firmado y visado por un Ingeniero Técnico Industrial, puesto que el Colegio Oficial de Arquitectos aducía que dichos estudios debían ser suscritos por un Arquitecto Técnico; en definitiva, negaban sistemáticamente las competencias profesionales de los ITIs, poniendo en duda sus atribuciones, conferidas por Ley.
Posteriormente, el 14 de octubre, COPITIMA recibió sendos oficios de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, por los que se procedía a la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores contra el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, ya que las actuaciones llevadas a cabo por dicho Colegio, podían ser constitutivas de una infracción del art. 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC).
Para Antonio Serrano, la apertura de estos expedientes sancionadores «confirman que las actuaciones que están llevando a cabo de denuncia de posibles prácticas abusivas y fuera de la Ley, aunque de forma lenta, están surtiendo los efectos deseados», y que el Colegio no consentirá por más tiempo este tipo de injerencias, por entidades que «lo único que pretenden es monopolizar e impedir de forma ilícita la competencia entre distintos profesionales, con el posible perjuicio para los ciudadanos y para el resto de colectivos profesionales legalmente habilitados para ejercer dicha función».
