Los Ingenieros Técnicos Industriales denuncian ocho páginas de internet que ofrecen el certificado por 59,95 euros sin necesidad de visitar la casa.
Echan un vistazo a Google Street View, captan una imagen del inmueble en cuestión, le piden información a su dueño vía telefónica, acceden al catastro para poner los datos por defecto y emiten una certificación de eficiencia energética a la carta. Es un ejemplo de la mala praxis que viene denunciando el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región (Coitirm) ante la Dirección General de Industria, desde que en 2013 entró en vigor el decreto que regula estas certificaciones que pueden emitir ingenieros y arquitectos.
El presidente del Coitirm, José Antonio Galdón, alerta de que «se está creando economía sumergida. No sabemos si esos profesionales están dados de alta en el IAE, si están colegiados y si tienen seguro de responsabilidad civil».
Hasta ahora han denunciado ocho páginas de internet en las que los profesionales ofertan abiertamente certificaciones a distancia. Dos de estos dominios ya han sido cerrados. El Colegio achaca «a la picaresca» el hecho de que el 51,1% de las viviendas evaluadas obtengan las peores calificaciones (F y G). «Para curarse en salud, esos ‘profesionales’ suelen emitir certificaciones con la última categoría energética. Se está engañando a los dueños de locales y viviendas al amparo de la Administración. Este decreto tenía unos fines magníficos, pero falta control».
Tiran los precios
Esto ha posibilitado un nicho de «competencia desleal». Las certificaciones a distancia y a la carta se ofertan en internet por 59,95 euros, frente a la media de 150 euros (incluida la tasa) que piden profesionales colegiados, como Javier Fernández. «Si hay una inspección y demuestran la falsedad documental, puede haber sanciones», advierte este autónomo y miembro del Comité de Expertos del Coitirm.
Las sanciones que contempla el decreto oscilan entre 300 y 6.000 euros. Javier explica que «en la calle hay una selva, hay muchos profesionales que no están dados de alta y los clientes lo primero que hacen es preguntar qué cobras, porque solo les interesa tener la certificación para que el notario les firme la escritura de compraventa o de alquiler».
Sin embargo, «una buena certificación se amortiza a largo plazo ahorrando en facturas de electricidad y gas». El colegio, para combatir estas prácticas, está negociando con la Consejería un convenio para revisar las certificaciones hechas hasta la fecha. También reclama campañas para concienciar a los usuarios, ya que estima que el 80% de los locales en alquiler no tienen certificaciones.
José Antonio Galdón concluye que «cuando no hay rigor en el control hay libertinaje». En una buena certificación, lo primero que se hace es un trabajo de campo. «Inspeccionan el inmueble», subraya el ingeniero Javier Fernández. Se toman medidas, se estudia la orientación del edificio, el tipo de materiales (…)».
Después hay un trabajo de estudio incluyendo los datos en el programa CE3X. «Ese informe técnico se envía al Colegio de Ingenieros y allí lo vuelven a revisar por si hay errores. Lo visan y lo entregamos en mano al cliente». Nada de esto ocurre con un certificado a la carta.
El problema del ‘tasazo’
Otro de los problemas que favorecen estas prácticas desleales son las tasas, que se han encarecido de 7,57 euros (2013) a 23,23 euros. «Eso repercute en el cliente». Aunque algunos prefieren hacer las cosas bien. Es el caso del promotor inmobiliario José Almansa, que encargó recientemente a Javier la certificación de quince pisos del edificio Las Anas, número 17, que tiene puestos a la venta en el Campus de Espinardo por 117.000 euros cada uno.
José expone que así «el comprador puede tener la tranquilidad de que todo está en regla porque un ingeniero los ha inspeccionado y puede conocer la calidad real de los materiales con un informe técnico que es imparcial». En estos pisos el ingeniero ha constatado que hay ventanas de doble aislamiento (climalit), carpintería de PVC, placas solares, caldera… «Esa certificación, al final, influye en la economía familiar, porque pueden calcular lo que se ahorran en facturas».