A continuación, reproducimos la citada entrevista, publicada el pasado 9 de agosto en «La Nueva España», tanto en la versión impresa como digital de dicho periódico asturiano.
«El anteproyecto fomenta el intrusismo y la competencia desleal y disminuye las garantías de los servicios»
Gijón, 9 de agosto de 2013.-«Encantado», José Antonio Galdón, Presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, acude un año más a Gijón en ocasión de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, donde los ingenieros técnicos industriales tienen su espacio. El presidente del órgano que aglutina a todos los colegios de estos profesionales de España visita con asiduidad el de Asturias. «Ésta es casi mi segunda casa», asegura el murciano. Ahora, el trabajo del Consejo General que preside se centra en coordinar una respuesta al anteproyecto de la reforma de la ley de colegios y servicios profesionales redactado por el Ejecutivo nacional, que ha sembrado la discordia entre los diferentes sectores colegiados en pleno mes de agosto.
-El anteproyecto de la nueva ley de colegios y servicios profesionales ha encontrado el rechazo en multitud de sectores. ¿Cómo la han acogido?
-Esperábamos más. Lo voy a mirar desde un punto de vista optimista, pensando que es un anteproyecto que ha salido de una forma un tanto precipitada, no muy consensuada con los colegios profesionales, a los que no se nos ha escuchado. Esperemos que subsanen todas las dudas que plantea y que realmente sirva para lo que tenían previsto. Nosotros siempre hemos apostado por una norma que fomentase la competitividad de los profesionales, la mejora de los servicios de cara al ciudadano y por supuesto que genere incentivos económicos. De estos preceptos, ninguno de ellos se cumplen con el anteproyecto.
-¿Rechaza de plano el texto?
-Tiene más sombras que luces. Entiendo que cuando se nos dé participación se irán puliendo todos esos errores que contempla. Hay cuestiones de fondo que denotan que realmente no se ha estudiado y valorado bien todo el anteproyecto.
-Pero, además del contenido, han levantado ampollas las formas de su aprobación.
-En el trámite del anteproyecto no se nos ha escuchado. Ahora se nos ha dado un plazo de audiencia y tenemos hasta el 16 de septiembre para presentar alegaciones. Cuando se va a legislar sobre algo en concreto siempre habría que preguntarle a ese algo en concreto, porque somos los que conocemos y podemos aportar ideas. Siempre estaremos a favor de una legislación que fomente la competitividad entre profesionales, la mejora de servicios ciudadanos y produzca incentivos económicos. Pero esta legislación, lejos de eso, consigue el intrusismo profesional, no fomenta la competitividad sino la competencia desleal entre profesionales, y va a disminuir las garantías y calidad de servicios al ciudadano. Y dice que se va a fomentar cerca de 7.000 millones de euros gracias a esta legislación, pero no entiendo la base.
-Otra cuestión es quién controlará a los profesionales.
-Una función que veníamos desarrollando los colegios. Tendría que pasar ahora a la administración si la quiere seguir realizando, porque en el momento que se elimina la colegiación para determinados ejercicios se está perdiendo calidad y seguridad. Vigilábamos que cualquier profesional tenía que estar dado de alta en el IAE, en Autónomos, tener un seguro de responsabilidad civil… Con ese borrador no se pide o no se sabe quién lo va a vigilar. Entendemos que la administración, pero no está demasiado claro.
-¿Supondría una clara pérdida de peso de los colegios?
-Cada colegio está donde se merece. En nuestro caso, estoy tremendamente orgulloso de las funciones y actuaciones de los colegios. Y la sociedad y los colegiados claramente lo ven. Creo que ninguna ley de ningún gobierno podrá acabar con los colegios profesionales tal y como están concebidos, siempre y cuando se desarrollen las funciones que tenemos encomendadas, y muchísimas más que también hacemos. Por eso estoy muy tranquilo por el futuro de los colegios. He visto cómo esta volcado el colectivo con los colegios y eso no tiene rival. Salga la ley que salga seguiremos trabajando por los colegiados y la sociedad. Como ocurre en el resto de países europeos, porque hablan mucho de que todo viene de Bruselas pero no sé si han cruzado o no el Pirineo cuando hacen este tipo de legislación. Comparado con otros sitios aquí en España se produce un intervencionismo de la administración en los colegios inédita.
-¿Intervencionismo?
-En España se sigue manteniendo que para ejercer una profesión únicamente te vale el título universitario. Sin embargo en el resto de países el que otorga la potestad para poder ejercer son las propias asociaciones profesionales. Y hablamos de Estados Unidos y de Europa. Las asociaciones capacitan en base a parámetros de estudios universitarios, formación continua… Una serie de cuestiones que la nueva ley toca pero no las define. Dice que hay que tener una formación continua de forma obligatoria, algo que ya tenemos nosotros. Pero entendemos que los que tenemos que habilitar para una profesión somos los propios colegios.
-¿Cómo marcha la implantación del nuevo sistema de acreditación profesional de ingenieros técnicos que certifica su formación continua y experiencia?
-Va como esperábamos. Vamos a firmar, por ejemplo, con los ingenieros irlandeses un acuerdo para el reconocimiento mutuo de las acreditaciones profesionales. Por supuesto está siendo un éxito para la movilidad internacional de nuestros colegiados porque desgraciadamente tienen que salir fuera para trabajar. La propia ley de colegios contempla las acreditaciones. No sé si inspirándose en nosotros, pero ya lo estábamos haciendo sin necesidad de ninguna ley que lo diga. Nosotros, desde los colegios, seguiremos trabajando con lo mismo, haya el gobierno que haya.
-¿Entonces era necesario reformar la ley?
-Sí. Entiendo que había que renovarla. Pero, sobre todo, en el sentido de la parte que no han tocado, y que espero que cambien. Que eliminen ciertas barreras absurdas en la legislación. No es posible que un ingeniero técnico industrial pueda firmar la vivienda del guarda de una industria o puede firmar un edificio de veinte oficinas si está dentro de un recinto industrial, y, sin embargo, si lo hacen en la parcela de al lado o en otro sitio ya no puede firmar el proyecto. Esas barreras, inconcebibles en otras partes del mundo, queremos que se eliminen, porque así aumentan la competitividad. Esta parte de la ley, la de servicios profesionales, no la han tocado casi porque hay presiones de determinados colectivos para que no se lleve a cabo. Y ahí entendemos que el gobierno debe ser valiente y arriesgar.
