Los Colegios que componen la Mesa de la Ingeniería de Alicante (Ingenieros Técnicos Industriales, Ingenieros industriales, de Telecomunicaciones, de Obras Públicas e Ingenieros civiles, de Minas, de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros Técnicos Agrícolas e Ingenieros agrónomos, Ingenieros Técnicos de Telecomunicación e Ingenieros Técnicos en Topografía) insisten en que todas esas sentencias están referidas a actuaciones previas a la promulgación de la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, y por tanto están referidas al anterior R.D 8/2011 que quedó derogado en la parte que habla de las Inspecciones Técnicas de Edificios por la Ley 8/2013, por lo que no tienen efectividad ni vigencia alguna. Y por supuesto, con la Ley de Unidad de Mercado en vigor, no se comprende cómo siguen poniendo trabas los propios aparejadores y arquitectos técnicos municipales cuando llegan los certificados firmados por ingenieros e ingenieros técnicos en el ejercicio legítimo de sus respectivas profesiones.
Los colegios integrantes de la Mesa de la Ingeniería han enviado un comunicado a todos sus colegiados indicándoles que el marco legislativo actual les ampara para firmar ese tipo de trabajos profesionales sin ningún problema, y que pongan en conocimiento de los servicios jurídicos del Colegio cualquier eventualidad que pueda surgirles en el ejercicio legítimo de su profesión con la suscripción y tramitación de esos documentos.
Respecto a los Certificados de segunda ocupación, «existen varias denuncias abiertas en diferentes ayuntamientos de la provincia que han denegado la firma a nuestros ingenieros», declaran fuentes de la Mesa de la Ingeniería de Alicante, cuando en muchos ayuntamientos se están firmando por los mismos ingenieros sin ningún problema por parte de la Administración Local.
La reflexión final de todo este problema, es que evidentemente existen muchas distorsiones en la forma de proceder de las administraciones locales sobre este asunto, por lo que la cuestión de fondo es, no ya la no existencia de exclusividad en la profesión de aparejador y arquitecto técnico en estos asuntos aplicando la legislación vigente, sino cuestionar la grave actuación de algunasadministraciones locales de la provincia, que están perjudicando gravemente a nuestros colegiados y a sus clientes, y en definitiva a la actividad económica de la provincia.
