José Antonio Galdón Ruiz, presidente de COGITI, durante su intervención en el Encuentro Global de Ingeniería Hospitalaria. Foto: Redacción Médica.
El presidente de COGITI intervino en el bloque denominado “El Ingeniero Hospitalario: presente y futuro”, moderado por Antonio Fernández Abasolo, miembro de la Asociación Técnica de Ingenieros del Servicio Andaluz de Salud (Atisas) y vocal de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria. La ponencia de José Antonio Galdón versó sobre la “Situación académica y profesional de la ingeniería en España. Clasificación del ingeniero”.
El presidente comenzó su intervención haciendo referencia a los orígenes de la profesión, que se sitúan en torno a 1850, cuando se necesitan profesionales capaces de poner en marcha todos los adelantos y la evolución industrial que se estaba experimentando. Desde entonces, la profesión ha pasado por muchas etapas, en las que estos profesionales han demostrado su versatilidad, y su formación continua y permanente a lo largo de la vida. Todos los avances logrados se han conseguido demostrando sus capacidades.
La implantación del Plan Bolonia supuso un cambio de paradigma. Sin embargo, la Administración, la Función Pública, las universidades y los corporativismos profesionales no han sido capaces de implantar lo que realmente significaba Bolonia: la libre circulación de mercancías, capitales, personas y profesionales, y servicios. Se traba de homogeneizar y homologar a los diferentes titulados universitarios, teniendo en cuenta, además, que la situación en España era inédita en cuanto al acceso de las profesiones a la Ingeniería (ingenieros e ingenieros técnicos).
La diferenciación entre ingeniería industrial e ingeniería técnica industrial no existe en ninguna otra parte del mundo, donde la titulación académica no limita ni pone un techo cristal, ya que lo que se exige y se tiene en cuenta es la experiencia profesional, la pericia y el aprendizaje a lo largo de la vida.
Con Bolonia, se pretendía que surgieran unas titulaciones completamente nuevas, con una ruptura total de las anteriores. De este modo, los grados ofrecen una formación generalista, y son los que dan acceso a la profesión. A partir de ahí vienen los másteres, para la especialización, y los doctorados, que tienen como fin la investigación. “Esa era la teoría, que el grado iba a dar acceso tanto al Grupo A1 como al Grupo A2 en la Función Pública, y en función de la responsabilidad exigida o de las pruebas de acceso, se accedería al Grupo A1 o A2”, señala Galdón.
En este sentido, en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público (TREBEP), se indica que para exigir una titulación diferente a la de graduado, tiene que haber una ley que así lo exija, es decir, una titulación diferente al grado. Sin embargo, la realidad es bien diferente. Antes de la implantación del Plan Bolonia, en España existían las licenciaturas y las diplomaturas, y lo que ha sucedido es que han intervenido muchos agentes, que han puesto “piedras en el camino” y han impedido que una sola ingeniería haya sido posible.
Ante esta situación, Galdón señala a las universidades como las primeras culpables, por tener intereses corporativistas, y por el hecho de querer tener alumnos matriculados durante más tiempo (6 años, en lugar de 4). “Al final, nosotros tenemos una pérdida de oportunidades en relación al resto de países, además del esfuerzo económico y de tiempo que conlleva. A los alumnos se les está obligando a hacer esos másteres. Yo a eso lo llamo ingeniería financiera”, afirma Galdón.
En opinión del presidente de COGITI, “no se necesitan más años para ser ingenieros”. Son las propias universidades las que están diferenciando, al pensar en el grado para la Ingeniería Técnica (ingenieros técnicos), y el grado más máster para los ingenieros. “Pero la sociedad, las empresas y los alumnos no se lo compran, el que tengan que seguir cursando los másteres habilitantes para acceder a la profesión”, indica. Muestra de ello es que las ofertas de empleo para estos profesionales han aumentado un 60% desde el principio de año hasta la fecha actual.
La realidad es que cada vez hay menos estudiantes de máster. “El otro agente que está contribuyendo a que no haya homogeneización es la Administración Pública, que está obsoleta. Nosotros denunciamos que todavía se hable de cuerpos como el de ingeniero superior, cuyo término es de mitad del siglo XIX”, señala Galdón. Desde 1970, las ingenierías técnicas pasaron a ser titulaciones universitarias. Además, la utilización de la expresión “ingeniero superior” hoy en día es ilegal. El Tribunal Supremo determina que no se utilice, y requiere a los jueces que no la empleen tampoco.
Sin embargo, la Administración Pública no cambia, y sigue todavía en esta situación. “Tampoco somo titulados de grado medio”, como figura en ocasiones. “Todo esto hay que denunciarlo. Todos somos titulados superiores, somos ingenieros, sin más”, afirma. Esta situación hace que la función pública sea retrógrada, y sufra de “titulosis”, porque hace que limiten a los profesionales en base a una titulación académica. Se aleja de la sociedad, al pedir el grado más máster habilitante para acceder a un puesto de trabajo en la función pública, mientras que, a un juez, por ejemplo, solo se le exige que sea graduado. Galdón se pregunta por qué en la Administración hay esa diferencia con los ingenieros, propia de un “corporativismo rancio”, con denominaciones clasistas, y que obvia las competencias y el EQF (Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente).
La función pública es anticompetitiva, y no se define por qué un determinado puesto de trabajo lo puede realizar un profesional y no otro. En el ámbito de la ingeniería hospitalaria, esta situación está obligando a iniciar muchos procedimientos, por esta cuestión. “Nos va a costar mucho trabajo, pero esperamos conseguirlo”, concluye José Antonio Galdón.
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