José Antonio Galdón Ruiz, presidente de INGITE y COGITI.
La reciente aprobación en el Senado de la moción que insta a permitir el acceso al subgrupo A1 de la Administración Pública a los Graduados en Ingeniería y Arquitectura Técnica supone un avance hacia la modernización real de nuestra función pública. Esta medida, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular, no es una concesión ni una demanda corporativa. Es una exigencia legítima de justicia, coherencia jurídica e igualdad de oportunidades.
Es importante subrayar algo que a menudo se distorsiona en este debate: no pretendemos ocupar las plazas de nadie. No aspiramos a acceder a cuerpos tradicionalmente cubiertos por otras titulaciones ni a invadir competencias ajenas. Lo que reclamamos es que nuestras propias plazas, correspondientes a los cuerpos de Ingeniería Técnica —ya ocupadas hoy por Graduados en Ingeniería— sean reclasificadas del subgrupo A2 al A1. Estas plazas cumplen con todos los requisitos del artículo 76 del EBEP: titulación de Grado, responsabilidad técnica y nivel profesional propio del A1.
Esta petición no exige una reforma estructural compleja. Basta con derogar la disposición transitoria tercera del EBEP, una norma con carácter explícitamente temporal, introducida para dar cobertura mientras se implantaban los nuevos títulos de Grado. Esa implantación está plenamente consolidada desde hace más de una década. El propio Tribunal Supremo ha reconocido que dicha transitoriedad ya ha perdido su sentido jurídico, por lo que mantenerla equivale a perpetuar una situación injusta.
Además, esta reclasificación debe ir acompañada de la adaptación de las pruebas de acceso a estas plazas, para que reflejen el nivel de exigencia y responsabilidad que corresponde al grupo A1. No reclamamos un acceso automático ni simplificado. Todo lo contrario: pedimos la oportunidad de competir con el mismo nivel de exigencia que el resto de cuerpos A1, en condiciones de igualdad.
En la práctica, las funciones que ya desempeñamos en estas plazas implican alta cualificación técnica, toma de decisiones, responsabilidad legal directa y, frecuentemente, liderazgo de equipos o dirección de proyectos públicos de gran complejidad. Es una cuestión de coherencia: si las funciones son de A1, la clasificación debe serlo también.
En el sector privado esta realidad ya es indiscutible. Los Graduados en Ingeniería pertenecen al grupo 1 de cotización de la Seguridad Social y no enfrentan ninguna limitación para desarrollar su actividad profesional. Solo en el ámbito público se mantienen restricciones injustificadas, que además resultan incoherentes frente al acceso permitido a titulados de Grado de otras ramas (Derecho, Economía, Farmacia…), todos ellos con la misma estructura académica (240 ECTS) y nivel MECES.
En Europa esta cuestión está superada. El acceso al nivel más alto de la función pública está abierto a todos los titulados de Grado, sin distinciones artificiales. Se valora, además, la experiencia profesional y la formación continua. Engineers Europe, a través del certificado EUR ING, reconoce de manera integrada tanto la formación académica como la trayectoria profesional de los ingenieros, sin establecer barreras internas entre titulaciones homologadas. En la UE existe un único nivel de ingeniero profesional. Solo en España se mantiene una estructura jerárquica interna sin equivalente en el resto del mundo.
Resulta aún más incomprensible que esta discriminación solo se aplique a nuestra titulación. Otros grados con idéntico valor académico acceden al A1 sin oposición. Esta exclusión, entonces, no responde a argumentos legales o académicos, sino a inercias obsoletas.
En este contexto, sorprende profundamente la actitud de organizaciones como la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (UPCI), cuya oposición no se basa en criterios técnicos ni jurídicos, sino en la defensa de una supuesta superioridad formal. En lugar de construir mejoras para su colectivo, bloquean los derechos de otros. No cuestionan el acceso de otros grados, solo el nuestro. No defienden la excelencia: defienden la exclusión.
Lo mismo ocurre con la postura de FEDECA, una federación que representa a cuerpos superiores a los que también se accede con títulos de Grado. Validan el grado como suficiente para acceder a cuerpos de élite de la Administración, pero rechazan esa misma validez cuando se aplica a plazas de Ingeniería Técnica con idéntica titulación. Esta contradicción evidencia una doble vara de medir que vulnera los principios que dicen defender: mérito, capacidad e igualdad.
El debate no es académico. Es profesional, político e institucional. Las plazas de A1 deben responder a funciones de responsabilidad, formación y experiencia. Hoy, miles de estas plazas ya son ocupadas por profesionales que cumplen esas condiciones, pero siguen clasificadas como A2. Eso debe cambiar.
Pedimos, simplemente, que se reconozca lo que ya existe: plazas que se ajustan plenamente al grupo A1, con funciones que así lo exigen. Que se adecuen sus pruebas de acceso. Y que se suprima una disposición transitoria que ya no tiene sentido legal.
Esto no va de títulos ni de nombres. Va de justicia profesional, de igualdad real y de adaptar la Administración Pública al presente. Si queremos una Administración moderna, eficaz y abierta al talento, debemos ajustar las categorías a las funciones reales, no a etiquetas históricas.
Pedimos a nuestros representantes políticos altura de miras, sentido de Estado y coherencia con los valores constitucionales. No se trata de abrir una puerta que no existe. Se trata de quitar un candado que nunca debió mantenerse.
La solución es sencilla. Es legal. Es viable. Y, sobre todo, es justa. Solo falta voluntad.
Dr. Ing. Jose Antonio Galdón Ruiz.