José Antonio Galdón en la Jornada técnica ‘Certificación Energética de Edificios’ organizada por la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación del Gobierno de la Región de Murcia.
Los datos de las inspecciones realizadas para verificar la idoneidad de las certificaciones son alarmantes ya que muestran que el 90 % están mal hechas, según se puso de manifiesto en la jornada técnica ‘Certificación Energética de Edificios’ organizada por la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación en el Archivo Regional de Murcia, el pasado lunes.
Galdón afirma que «ha habido 26 inspecciones para evaluar la certificación hecha en edificios y locales de uso terciario con un resultado alarmante: 23 estaban mal ejecutadas, es decir, casi el 90 por ciento no sirven para nada y han generado un gasto inútil». Y remarca Galdón: «La estadística horroriza al sentido común».
El total de evaluaciones llevadas a cabo en Murcia desde hace un año con la aplicación del Real Decreto 235/2013, de obligado cumplimiento, por el que se aprobó el procedimiento básico para certificación de los edificios, asciende a 18.500 expedientes, según los datos de la propia Comunidad Autónoma.
Para Galdón es insultante hacer la proyección a las cifras totales de los datos encontrados en las inspecciones, «porque indicarían que más de 16.400 son inservibles y habría que volverlas a hacer bien, mientras ha habido un esfuerzo y un gasto inútil».
Objetivos incumplidos
El decano de Murcia, que a su vez es Presidente del Consejo General de Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), señala que NO se ha cumplido ninguno de los fines que pretendía la norma. Galdón asegura que el Real Decreto tenía varios objetivos: «el primero, conseguir información del estado energético de las viviendas y locales, que a su vez supusiese un criterio importante de decisión a la hora de comprar o alquilar un inmueble, pero queda acreditado que dicha información no es real».
Por otra parte, el presidente del COGITI, incide en el segundo objetivo del Real Decreto: «Concienciar a la ciudadanía de la importancia que tiene el grado de calificación energética, respecto del confort, la habitabilidad y el ahorro económico, que pudiese conllevar la realización de mejoras e inversiones oportunas para su renovación».
Un tercer objetivo de la normativa de Certificación Energética de Edificios, había puesto sus esperanzas fundadas en «reactivar los sectores profesionales de la rehabilitación de viviendas y locales de uso terciario -generando empleo-«, como manifiesta Galdón, pero se ha convertido en una oportunidad perdida.
El decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia achaca estos fallos a la precipitación y desregulación total con la que se puso en marcha este Real Decreto. A su juicio, «el Ministerio confunde liberalización con libertinaje, y de esta forma se fomenta, no sólo el intrusismo profesional, la mala praxis y la economía sumergida, sino lo peor: que se genere inseguridad jurídica a la sociedad».
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