El Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE) y la Mesa de Ingeniería Técnica y de Graduados en Ingeniería de Cataluña (METGEC), que agrupan a más de 350.000 profesionales de la ingeniería, se reunieron el pasado mes de junio con el Ayuntamiento de Barcelona para abordar la polémica sobre la convocatoria de plazas de técnico superior en ingeniería del Ayuntamiento de Barcelona; un concurso de oposición publicado el 10 de marzo que inicialmente estaba abierto a todos los graduados en ingeniería y que fue suspendido provisionalmente a causa de las alegaciones presentadas por los colegios profesionales de ingenieros de segundo ciclo.
En esta reunión pidieron al Ayuntamiento de Barcelona que reabriera el concurso lo antes posible ya que no estaba en absoluto justificado que en las plazas ofertadas por el Ayuntamiento de la categoría del Grupo A1, se discriminara a los ingenieros graduados ya que, por formación y competencias, están perfectamente habilitados para desarrollar las tareas de estos puestos de trabajo.
La polémica por la discriminación de los ingenieros de grado empezó con la implantación del Plan Bolonia a los estudios de ingeniería, que generó confusión en las titulaciones universitarias; en España existen dos niveles profesionales de ingeniería a diferencia de lo que sucede en el resto de los países europeos.
El presidente de INGITE y de COGITI, José Antonio Galdón, valora muy positivamente el criterio adoptado por el Ayuntamiento de Barcelona “que no solo obedece al cumplimiento de la Ley, sino a la necesaria competitividad en las administraciones y la evolución surgida de Bolonia, manifestando que este es un gran paso. Por su parte, Miquel Darnés, presidente de METGEC y decano de Enginyers BCN, espera que “esta decisión del Ayuntamiento de Barcelona sea ejemplo para muchos otros ayuntamientos y administraciones que todavía discriminan a los ingenieros graduados para determinados puestos de trabajo”.
El año 2018 la METGEC ya se reunió con la Generalitat de Catalunya para pedir al Gobierno catalán que las bases de las convocatorias de los procesos de selección de las distintas administraciones respetaran la ley de función pública para evitar que excluyeran indebidamente a los ingenieros titulados que representan.