El Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI) ha manifestado su apoyo a la decisión del Gobierno de la Generalitat de considerar inconstitucionales determinados preceptos de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ley Ómnibus), que modifica la Ley estatal 2/1974, de 14 de febrero, sobre colegios profesionales, ya que invaden las competencias de la Generalitat en esta materia, contenidas en el artículo 125 del Estatuto de Autonomía.
Se refiere, en concreto, a la competencia para decidir sobre la obligatoriedad de la colegiación, los visados, la memoria de los colegios y los honorarios profesionales. En consecuencia, el Gobierno de la Generalitat pidió al Consejo de Garantías Estatutarias que se pronunciara respecto de los citados preceptos, y este órgano, en el Dictamen 4/2010, de 11 de marzo, confirmó la inconstitucionalidad. A juicio de la Consejera de Justicia de la Generalitat, Monserrat Tura, el Real Decreto del Visado constituye una norma de mínimos que no afecta en nada a la competencia de la Generalitat para regular las condiciones de delegación en los colegios profesionales, como garantía de la seguridad y de los derechos de los usuarios, de la funciones de control y supervisión, así como de la comprobación documental y técnica o sobre el cumplimiento de la normativa aplicable, relativas a los trabajos profesionales.
De este modo, la Generalitat seguirá regulando y ordenando los colegios profesionales, como corporaciones de derecho público que llevan a cabo el control deontológico y la ordenación de la profesión. Además, la Consejera de Justicia de la Generalitat, Montserrat Tura, ha anunciado que defenderá y ejercerá de la mejor forma posible sus competencias en esta materia.
Visado como garantía de seguridad de los proyectos técnicos
El Consejo General de Ingenieros Técnicos industriales ha defendido en todo momento que el visado es la mejor garantía para preservar la seguridad e integridad física de los usuarios de las obras e instalaciones de ingeniería. La supresión del mismo hará que se rompa, en definitiva, la cadena de seguridad en los trabajos profesionales, puesto que no se podrá garantizar a los usuarios de los servicios de ingeniería la idoneidad del profesional para la realización de esos proyectos, ni la posibilidad de conocer la adscripción del profesional a una póliza de seguro de responsabilidad civil, ni el contenido formal de la documentación preceptiva o la aplicación de las normas técnicas vigentes.
Los Colegios Profesionales de la ingeniería han manifestado que “lucharán hasta el final” para que el Real Decreto 1000/2010 sea derogado, puesto que “el criterio economicista, que propugna el Gobierno, no debería prevalecer sobre la seguridad e integridad física de las personas”.
Actualmente no existe control preventivo sustitutivo del visado, ni el Real Decreto prevé procedimiento alguno para su sustitución. En cualquier caso, ningún mecanismo de control tendría viabilidad alguna si no se realiza mediante un control colegial previo.
Noticia publicada en el diario Cinco Días el 1 de octubre de 2010