El pasado 10 de enero, la Comisión Europea aprobó un paquete de medidas, en el marco del plan de trabajo establecido en la «Estrategia para el Mercado Único», con el objetivo de permitir a las empresas europeas prosperar en la economía mundial. Dicho paquete de medidas incluye cuatro iniciativas concretas, una de las cuales es la creación de una nueva tarjeta europea de servicios (e-card), y con la que el Consejo General de Colegios de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI) se ha mostrado crítico.
En este sentido, el COGITI, como organización profesional implicada, en representación de los ingenieros del ámbito industrial (Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales), presentó el pasado mes de marzo sus alegaciones a este paquete legislativo, y trasladó sus primeras impresiones tanto al Comité Económico y Social Europeo (CESE) como a la Comisión Europea. Asimismo, el COGITI, a través de su Oficina Europea, ha mantenido diferentes reuniones con miembros del Parlamento Europeo con el fin de transmitir sus opiniones e inquietudes al respecto de la nueva propuesta legislativa. Entre los principales objetivos del COGITI se encuentra el de lograr un buen posicionamiento de los ingenieros españoles en el marco de la movilidad profesional en la Unión Europea.
La nueva tarjeta electrónica europea de servicios (e-card) es un procedimiento electrónico simplificado, que permitirá a los proveedores de servicios para empresas (por ejemplo, las empresas de Ingeniería, los consultores informáticos o los organizadores de ferias comerciales) y de servicios de construcción cumplir más fácilmente los trámites administrativos necesarios para prestar servicios en otros países. Los proveedores de servicios podrán dirigirse simplemente a un único interlocutor en su país de origen y en su propio idioma. Este interlocutor verificaría los datos necesarios y los transmitiría al Estado miembro de destino. Este último conserva su actual facultad de aplicar requisitos reglamentarios nacionales, y de decidir si el solicitante puede ofrecer servicios en su territorio. La tarjeta electrónica no afectaría a las obligaciones del empleador ni a los derechos de los trabajadores que están en vigor.
Pregunta Parlamentaria
La Tarjeta Profesional Europea (TPE) fue implantada hace un año de conformidad con lo previsto en la reforma de la Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Aunque solo se aplica por el momento a 5 profesiones (entre las que no se incluyen los ingenieros), su objetivo es facilitar la prestación transfronteriza de servicios, gracias al reconocimiento de las cualificaciones profesionales de personas físicas (tanto trabajadores por cuenta ajena como prestadores de servicios por cuenta propia).
Según la justificación de la propuesta de Directiva e-Cad, a diferencia de la TPE, «la e-card aborda una mayor gama de requisitos», pero también pueden obtenerla tanto las personas físicas, que trabajan por cuenta propia, como las empresas que desean prestar servicios en otros Estados miembros.
El eurodiputado Antonio López-Istúriz, como miembro de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, ha demostrado siempre un gran interés por los profesionales españoles, así como por los Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama industrial.
En esta ocasión, López-Istúriz, con el que la Oficina Europea del COGITI ha estado trabajando, se ha interesado por la nueva tarjeta e-card de movilidad europea, y ha presentado la citada pregunta parlamentaria, cuyo contenido comparte también el COGITI, al considerar que la propuesta de Directiva y de Reglamento relativos a la misma, no deja claras la diferencias con respecto a la TPE.
En concreto, pide a la Comisión Europea (CE) que aclare cuáles son los trámites administrativos relacionados con el desplazamiento del personal (prestadores de servicios por cuenta propia), que facilitará la e-card, y que no pueden ser asumidos por la TPE. Asimismo, plantea a la CE que considere si la extensión de la TPE a otras profesiones, como por ejemplo los ingenieros, podría ser una solución que sustituiría la aplicación de la e-Card para las personas físicas (prestadores de servicios por cuenta propia), evitando así la complejidad de disponer de 2 tarjetas con fines similares.
Puntos críticos
En la línea con la pregunta parlamentaria presentada por López-Istúriz al respecto de la citada tarjeta europea de servicios e-Card, el COGITI ha detectado varios puntos críticos sobre la misma. En primer lugar, plantea la posibilidad de que la tarjeta profesional europea se extienda también al colectivo profesional de ingenieros, como alternativa para los trabajadores por cuenta propia. A su juicio, la existencia de dos tipos de tarjetas electrónicas (TPE y e-card) genera una gran confusión, puesto que conforme a lo dispuesto en la Propuesta de Directiva de la e-card, la idea que inspira esta tarjeta y sus fines son muy similares a la TPE.
Otro de los puntos críticos es que la tarjeta electrónica europea de servicios tiene el riesgo de promover el denominado «autoempleo falso», dado que las personas físicas (profesionales) también podrán solicitar la tarjeta. Por ello, no hay garantía de que los datos registrados coincidan con la realidad. Asimismo, la validez indefinida de la tarjera es una puerta abierta a los abusos, y no existe un procedimiento de actualización que sea convincente.
Por último, consideran que las propuestas legislativas introducen procedimientos administrativos complejos entre los Estados miembros, que pudieran resultar más onerosos de lo que se esperaba en la práctica, así como peligrosos, debido al principio de aprobación tácita.
