Aquilino de la Guerra, Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Cantabria.
Hay sospechas de fraude en la emisión de los certificados energéticos, que desde el día 1 de junio de 2013, tienen la obligación de tener, y registrar en la Consejería de Industria, todos los propietarios de las viviendas que sean objeto de alquiler o venta, bajo apercibimiento -de lo contrario- de importantes sanciones. La primera denuncia ha partido de los Ingenieros Técnicos Industriales aunque -por el mismo motivo- la propia Administración regional ya se había prestado a corroborar los datos aportados por los propietarios de los inmuebles.
Se ha iniciado un chequeo que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2013, según ha confirmado el Director General de Innovación e Industria del Gobierno de Cantabria, Fernando Rodríguez. Coincide en el tiempo con la denuncia presentada el pasado día 8 de octubre por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, ante todos los gobiernos autonómicos, desvelando que al menos cuatro empresas que realizan estos certificados -que se publicitan en páginas web y con anuncios en rotativos- «sin ni siquiera conocer la vivienda que certifican», explica Aquilino de la Guerra, Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Cantabria. Por su parte, Fernando Rodríguez, ha especificado, no obstante, que el ‘peinado’ que está efectuando su departamento, «ya estaba previsto llevarlo a cabo» antes de que se oficializara la denuncia de los ingenieros técnicos.
Visitas a las viviendas
«Vamos a analizar 250 certificados enteros, de arriba a abajo, visitando cada inmueble, verificando los cálculos y preguntando al usuario si el certificador ha ido personalmente a realizar las mediciones», ha explicado el Director General. «Comprobaremos si los datos del inmueble o la vivienda son los mismos que constan en el certificado, y si el cálculo ha sido realizado correctamente. Si estos tres parámetros se cumplen, le daremos el visto bueno, o de lo contrario, le impondremos una sanción, dándole cumplida información del resultado al cliente». Estas multas pueden ser desde 300 a 6.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.
«Sospechamos que puede haber algún que otro certificado mal hecho -por decirlo suavemente-», reconoce Fernando Rodríguez, quien especifica que a todos los certificadores se les inspecciona al menos una vez. De aquí a final de año, se desarrolla la primera etapa. «Para 2014, y con los datos que obtengamos de esta auditoría, hacer un control aleatorio de todo lo que llegue a la Consejería».
La documentación puede presentarla quien quiera. En principio, debería ser el propietario de la vivienda aunque puede delegar en su certificador. «De hecho, nos estamos encontrando que son las propias agencias inmobiliarias quienes inician el trámite porque tienen prohibido hacer publicidad de un piso si, al menos, no está iniciado el procedimiento».
El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial ha hecho llegar las denuncias a las correspondientes consejerías de Industria de las comunidades autónomas, entre ellas la de Cantabria. Señala, al menos, a cuatro empresas por ofertar la expedición de estos certificado «a distancia, sin tener que acudir al lugar objeto de la certificación», ha explicado el Decano del COTITIC. Su forma de actuar «es pedir al cliente que les envíe unas fotos de la vivienda y que les mande la relación de materiales de que disponen», explica el decano.
Por vía telemática en 2014
Cantabria fue una de las pocas autonomías que no establecieron desde el primer momento, en junio pasado, una tasa para hacer este trámite, hecho que podría variar en el futuro. Y es que se está preparando un sistema informático para que esta tramitación pueda hacerse telemáticamente, ha adelantado el Director General. «De esta manera lo podrá enviar el interesado por este sistema y recibirá en su domicilio, por la misma vía, la ficha debidamente diligenciada, lo que acelerará mucho el proceso».
Adelanta que este servicio será gratuito «por el ahorro de tiempo y de medios, pudiendo ponerse una tasa a quien opte por la tramitación presencial». El propio sistema analizará si la presentación ha sido correcta antes de que lo haga el funcionario. La vigencia del certificado energético es de diez años.