La inauguración del acto ha corrido a cargo del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, y en él también ha participado Sara Baliña, directora adjunta de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno de España, quien, previamente al debate, ha impartido una conferencia titulada “Cómo mejorar la autonomía estratégica de Europa: líneas de acción para esta década”.
A continuación, se ha celebrado el debate, que ha estado moderado por José Antonio Galdón, presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), y Victoria Nombela, secretaria técnica de Economistas Asesores Financieros (EAF-CGE).
Antes de dar paso al coloquio, el presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), José Antonio Galdón, ha destacado “la importancia de reflexionar sobre el control de las inversiones extranjeras en las empresas estratégicas, por la extraordinaria incidencia que pueden tener en nuestra autonomía estratégica y funcional, y, por tanto, en el modelo de desarrollo social y económico que queremos. Insumos fundamentales, infraestructuras y tecnologías críticas, o aquellos con acceso a información sensible o medios de comunicación, son ejemplos claros de sectores sobre los que se requiere cierto control y proteccionismo, considerando los intereses que subyacen en determinadas inversiones y los riesgos que pueden entrañar, sin que ello suponga una merma en la atracción inversora de la economía española”.
Uno de temas más destacados que se trataron en el coloquio fue el referente al control de las inversiones extranjeras directas, que en España está regulado en el artículo 7 Bis de la Ley 19/2003, la Disposición Transitoria Única del Real Decreto-Ley 34/2020 y el Real Decreto 571/2023.
A este respecto, Jordi Alberich, señaló que “estamos hablando de una nueva política industrial activa en un entorno abierto y globalizado que, lejos de viejas medidas proteccionistas, favorezca el desarrollo de la industria nacional en general y, en concreto, garantice el suministro de bienes esenciales y el control de determinados sectores de importancia estratégica. En este contexto, la legislación es un elemento clave, pero no el único instrumento al servicio del fin antes señalado, como bien se deduce del caso Celsa. El previsible endurecimiento responde a dinámicas globales a favor de un mayor proteccionismo y debe resultar coherente con las posibles nuevas iniciativas que puede emprender la Comisión Europea en los meses inmediatos.”
Por su parte, la principal crítica de Juan de la Cruz a estas normas es que “nos encontramos con un modelo de regulación anacrónico, que solamente persigue fines defensivos de protección de las empresas estratégicas. Las circunstancias que nos encontramos como consecuencia de las estrategias industriales y comerciales de China y de Estados Unidos, así como de la ruptura de las cadenas de suministro causadas por la pandemia del Covid y por la invasión de Ucrania, nos presentan un nuevo escenario completamente distinto tanto para la industria europea como nacional. El desarrollo de los tejidos industriales es esencial para que Europa mantenga la solidez de dos de sus pilares esenciales: la competitividad económica y la cohesión social. No podemos limitarnos a defender nuestras industrias estratégicas, es imprescindible que fortalezcamos nuestras capacidades industriales para poder producir los bienes y servicios esenciales en el marco de una autonomía estratégica abierta. Y, para saber qué es estratégico necesitamos una visión global, fundada en un nuevo modelo de regulación plasmado en una nueva Ley de Industria, que sustituya de una vez a la de 1992”.
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