Francisco José Reyna, Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.
Noticia publicada en «Diario de Sevilla», el 29 de octubre de 2014.
A principios de 2013, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, presentó el anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Uno de los puntos que causó más controversia fue la equiparación de competencias entre arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos. El texto actual de este anteproyecto retira esa propuesta, posiblemente después de que hiciesen mella las movilizaciones que el colectivo de los arquitectos ha protagonizado en varias ciudades durante el último año. Al menos así lo cree el decano del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, Francisco José Reyna Martín, quien lamenta esta decisión.
«Europa ha pedido más competitividad y esta ley puede ser una norma que la estimule». De esta manera explica el decano la motivación del Ejecutivo por sacar adelante este anteproyecto. En el primer borrador, el texto ampliaba el espectro de atribuciones de los ingenieros e ingenieros técnicos otorgándoles competencias laborales que, hasta entonces y según recoge la actual ley 12/1986 de Atribuciones Profesionales, tenían vetadas y el gremio de los arquitectos considera exclusivas.
En enero del pasado año se presentó el proyecto y desde hace meses han sido sonadas las movilizaciones que ha protagonizado este colectivo en defensa de la exclusividad de sus competencias profesionales. Posiblemente estas protestas hayan sido la causa de que, en el último borrador del anteproyecto, «se haya dado un paso atrás», según considera Reyna. Insiste además el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Sevilla, en que si no sale adelante este punto, «la ley se desvirtúa, pierde el sentido para la que fue proyectada, que es eliminar las barreras de entrada al ejercicio de la profesión a beneficio del aumento de la competitividad».
Para apoyar su argumento de que si no se eliminan estas cortapisas no se estimula la competencia que pide la Unión Europea, utiliza un ejemplo práctico: «Podemos proyectar una nave de 200.000 metros cuadrados para que se instale un centro comercial en donde hay aseos, vestuarios, redes eléctricas y en donde habrá personas, pero no podemos construir una vivienda. No tiene sentido. Nuestra formación da derecho a más atribuciones». Tampoco es razonable, según la opinión de este ingeniero técnico industrial especializado en electricidad, que sí pueda proyectar una nave comercial y no, por ejemplo, una rural, que es competencia sólo de un ingeniero agrícola.
Reyna entiende la preocupación de aquellos profesionales con quienes los ingenieros podrían entrar en conflicto de intereses si estas cortapisas se eliminasen. Sin embargo, es claro en su percepción: «El sol se pone para todo el mundo. El que esté documentado y sepa trabajar que trabaje».
Añade a su diatriba una razón que considera determinante y es que, según apunta Reyna, en muchos países de la eurozona, los ingenieros sí ostentan esas atribuciones que en España se les vetan. Por tanto, de aprobarse esta ley tal como está ahora se incumple el régimen de libre circulación de profesionales de la Unión Europea, ya que «habrá ingenieros que, pudiendo proyectar edificios en Alemania, Inglaterra o Francia, no podrán en España».
Este anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales modifica algunas de las directrices que marca la ley 21/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. De estas propuestas preocupa al decano del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, la desaparición de la colegiación obligatoria en muchas profesiones, pues sólo se exige la colegiación a quienes ejercen. De los 4.000 colegiados que hay adscritos a la entidad que representa, sólo unos 350 ejercen la profesión, y «los demás no pertenecen a la institución por un sentimiento romántico», afirma.
Los colegios profesionales proporcionan a los profesionales formación continua y respaldo jurídico, entre otros servicios, además de asegurar al consumidor un servicio regulado. Respecto a la capacidad que otorga el anteproyecto al estado de intervenir en estas instituciones civiles y que se consideran independientes, se muestra tajante: «No podemos permitir la incursión de los poderes políticos».