El portal y la revista especializada en sectores profesionales «Cuadernos de Comunicación (material eléctrico)», ha entrevistado a José Antonio Galdón Ruiz, presidente de COGITI, para conocer su opinión y punto de vista sobre el proyecto de real decreto por el que se modifica la normativa que regula el procedimiento básico para los certificados energéticos de los edificios.
En la citada entrevista, en primer lugar, señala que la posición del COGITI siempre ha sido coherente con lo que entienden que es más ventajoso para la comunidad y, por tanto, alejada del inmovilismo y la restricción a otros titulados, pero en ningún caso les parece acertada la propuesta que se ha presentado. “Y decimos esto porque se sigue confundiendo liberalización con libertinaje y, sobre todo, se está banalizando el concepto de ejercicio profesional que conlleva unas obligaciones siempre en beneficio de la sociedad”, apunta.
En este sentido, argumenta que los Colegios Profesionales tienen la función de velar por el correcto ejercicio de las profesiones como garantía para los ciudadanos. Sin embargo, “ahora todo eso se pretende sustituir única y exclusivamente mediante un registro, que será recurrente para nuestros colegiados, sin que exista control alguno sobre el ejercicio profesional, lo cual entendemos producirá un efecto devastador en la credibilidad y garantía de los certificados energéticos”.
En consecuencia, José Antonio Galdón señala que no se oponen a que otros titulados puedan realizar los certificados de eficiencia energética, aunque sí piden que se haga bajo el control y la supervisión de los Colegios Profesionales para que todos los agentes cumplan los mismos requisitos y se produzca una “competitividad sana” entre expertos.
Certificados energéticos: postura de la CNMC
Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estima como positivo que en el proyecto de real decreto desaparezca la reserva de actividad citada, y se vincule a la capacitación técnica de los profesionales. Así lo expresó en un comunicado, donde a su vez realizó una serie de comentarios como suprimir o justificar debidamente la reserva de actividad para las certificaciones energéticas de proyecto, entre otros.
Sobre este punto, el presidente de COGITI defiende el modelo de concurrencia competitiva y la eliminación de barreras injustificadas. “De igual modo, somos firmes defensores del desarrollo profesional continuo y de la necesidad del reciclaje permanente como herramienta fundamental para la definición de las atribuciones profesionales”, indica.
Noticia publicada en «Cuadernos de Comunicación» (20/04/2023)
Entrevista ampliada
La propuesta de normativa revisa los requisitos que deben exigirse a los técnicos competentes para certificar la eficiencia energética de los edificios y crea un Registro Administrativo Centralizado de Técnicos Competentes en dicha materia. El proyecto distingue entre dos tipos de certificados, uno de ellos el “De obra terminada”, que podrán firmarlos profesionales de las ramas de arquitectura e ingeniería y, como novedad, los de otras titulaciones con una formación complementaria. ¿Qué os parece, cuál es vuestra postura?
Nuestra posición y así se lo hemos trasladado ya al Ministerio, siempre ha sido coherente con lo que entendemos más beneficioso para la sociedad en su conjunto, y por tanto alejada del inmovilismo y la restricción a otros titulados, pero en ningún caso nos parece acertada la propuesta que se ha presentado. Y decimos esto, porque se sigue confundiendo liberalización con libertinaje, que son dos conceptos muy diferentes, y sobre todo, se está banalizando el concepto de ejercicio profesional, que recordemos conlleva una serie de obligaciones siempre en beneficio de la sociedad, que se basan en el control deontológico y ético, la responsabilidad e independencia de criterio profesional, y además, la posesión de un seguro de responsabilidad civil y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales. Por tanto, y sin oponernos a que otros titulados universitarios que demuestren tener las competencias para la realización de dichos certificados, sí que pedimos por el bien de la ciudadanía y por la calidad y garantía de dichos trabajos profesionales, se exijan las mismas condiciones que a nuestros profesionales, para lo cual, hemos puesto a disposición nuestras estructuras colegiales, que no hay que olvidar, tenemos esa función asignada tanto en la Constitución Española como en la propia Ley de Colegios Profesionales.
Los Colegios Profesionales somos corporaciones de derecho público con la función delegada por parte de la Administración, de velar por el correcto ejercicio de las profesiones como garantía para los ciudadanos, y ahora todo eso, se pretende sustituir única y exclusivamente mediante un registro, que será recurrente para nuestros colegiados, sin que exista control alguno sobre el ejercicio profesional, lo cual y de antemano entendemos, producirá un efecto devastador en la credibilidad y garantía de los certificados energéticos.
Por tanto, no nos oponemos a que otros titulados puedan realizar los certificados energéticos, pero sí pedimos que se haga bajo el control y la supervisión de los Colegios Profesionales, para que todos los agentes cumplan los mismos requisitos y se produzca una competitividad sana entre profesionales, que redunde en beneficio de la sociedad.
De igual modo, tal y como expresa la CNMC en la nota de prensa, “es positivo que, en el Proyecto de Real Decreto, desaparezca la reserva de actividad citada y se vincule a la capacitación técnica de los profesionales. En todo caso, realiza los siguientes comentarios: suprimir o justificar debidamente la reserva de actividad para las certificaciones energéticas de proyecto; acreditación del contenido de módulos de formación; y formación continua de los técnicos competentes ya registrados. ¿Qué tenéis que decir al respecto?
Defendemos el modelo de concurrencia competitiva y la eliminación de barreras injustificadas, y además, somos firmes defensores del desarrollo profesional continuo y de la necesidad del reciclaje permanente, como herramienta fundamental para la definición de las atribuciones profesionales, y es por ello, que desde hace ya 10 años pusimos en marcha nuestro modelo de Acreditación DPC Ingenieros, que pone en valor la experiencia y la formación de cada uno de los profesionales, y todo ello. en sintonía con el reconocimiento que le otorgan las empresas y la sociedad.
No obstante, la CNMC, que ya nos gustaría tuviese unos argumentos y posiciones similares en otros ámbitos, centra sus conclusiones en el acceso a la actividad profesional de certificación energética pero no dice nada al respecto del posterior ejercicio, y con ello se obvian los principios que sustentan la regulación, como son la calidad y garantía de los trabajos profesionales. Por tanto, y como hemos dicho anteriormente, al margen de flexibilizar el acceso al ejercicio de actividades profesionales, que entendemos es de justicia para algunos titulados, la importancia reside en el control y rigor a la hora de ejercer, algo que no queda garantizado en este Real Decreto.
Por tanto, y dado que estamos hablando de una actividad profesional que permite incorporar requisitos para su ejercicio, por cuanto tiene incidencia en razones imperiosas de interés general, como son la seguridad de las personas (seguridad industrial) y el medio ambiente, debe mantenerse el principio de buena regulación a través de los organismos que tenemos asignada dicha función legal, que somos los Colegios Profesionales.
Debemos aprender de los errores cometidos con el R.D. 235/2013 cuya indefinición y falta de control sobre los técnicos, produjo una relajación de la seriedad y el rigor de los certificados, que me obliga a recordar las denuncias tuvimos que realizar cuando se ofrecían certificados por teléfono y sin visitar los edificios, o que todavía se sigan regalando por alquilar o comprar una vivienda, lo cual y como se pueden imaginar, ha desvirtuado el valor real y la importancia que tienen los certificados, impidiendo conseguir los objetivos de concienciación de la ciudadanía por la eficiencia y confort energético, que era el objetivo final. Es por ello que, si no existe rigor, control y seguimiento, volveremos a la situación de competencia desleal, mala praxis e intrusismo, que provocará la indefensión del ciudadano y la pérdida de garantías y seguridad.