A continuación reproducimos la entrevista íntegra publicada en «Cinco Días», hoy lunes 22 de diciembre de 2014.
«Hemos pasado de ser la cuarta profesión más demandada de todo el mercado laboral a ser la segunda en 2013, y representamos ya el 3,5% de la oferta de empleo para titulados universitarios». El presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (Cogiti), José Antonio Galdón, empieza con este balance una larga conversación sobre los retos que la actuación del Gobierno y la evolución del mercado del trabajo europeo traen para el colectivo que representa, del que forman parte 92.000 profesionales.
Pregunta. ¿Cómo evaluaría la Ley de Servicios Profesionales, si se quedara tal y como está en el anteproyecto?
Respuesta. Al principio era optimista, porque en la memoria de análisis de impacto normativo se intentaban superar barreras anticompetitivas, como la que permite a un ingeniero técnico industrial hacer una nave de unos 4.000 metros cuadrados en un recinto industrial, pero le impide proyectar una nave de uso agrícola de 50. Nosotros apoyaremos siempre medidas que mejoren la competitividad, pero el Ejecutivo debe saber que liberalización no es libertinaje.
P. ¿En qué sentido?
R. Los colegios profesionales perderían el control deontológico sobre sus afiliados. Esto es especialmente evidente en la ingeniería, al haber eliminado el visado de los proyectos. La Administración tampoco vigila. Que todos puedan trabajar me parece bien, pero siguiendo las mismas reglas: estar dado de alta en el impuesto sobre actividades económicas, tener un seguro de responsabilidad civil, estar colegiado y acreditado por el colegio. Ojalá todo esto se recogiera en el anteproyecto. Lo único que hace es separar la edificación de la ingeniería. Asimismo, el Gobierno crea cotos cerrados para profesionales.
P. ¿A qué se refiere?
R. A la interpretación que la Subdirección General de Urbanismo del Ministerio de Fomento da de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Según este organismo, solo los arquitectos y los arquitectos técnicos pueden redactar el informe de evaluación de edificios, aunque nosotros estemos capacitados para ello.
P. ¿Qué le permite afirmarlo?
R. La lógica. Si puedo diseñar una nave industrial, ¿por qué no puedo elaborar un informe de este tipo? En Lorca, después del terremoto, unos 50 compañeros del colegio de Murcia estuvieron haciéndolo. No nos queda otro remedio que recurrir esta interpretación a los juzgados y a la CNMC.
P. ¿Por qué desde su colegio se oponen a lo que llaman la dualidad de la ingeniería; es decir, la existencia de ingenieros técnicos por una parte y de ingenieros por otra?
R. Sé que un ingeniero técnico industrial ha estudiado tres años y un ingeniero industrial, cinco; no voy a negar nunca que existen distintos niveles académicos. Pero en ningún sitio del mundo exigen un máster para ejercer la profesión, con una carrera de cuatro años o tres es suficiente. Cuando en España se acabe esta nostalgia de distinguir entre ingeniero superior e inferior, daremos un paso de modernidad.
P. ¿Está diciendo que son ustedes los ingenieros de referencia a nivel mundial?
R. Sí, así es en Francia, Irlanda, Italia… ¿Quiere ser España el único país que tenga esta dualidad? Nada, hasta que el cuerpo aguante. Lo que está claro es que los nuestros aquí son inferiores y cuando salen fuera son… normales. Y los que aquí son superiores, en el extranjero no tienen a ninguno por debajo, que es lo que les preocupa. Aun así, hay muchísimos dirigentes de colegios de ingenieros industriales más abiertos que están de acuerdo en la necesidad de homogeneizar el sistema.
P. El Consejo de Ministros aprobó a finales de noviembre un real decreto por el que se establece un procedimiento para la equivalencia de los títulos pre-Bolonia al actual marco académico, el Meces. ¿Cómo lo evalúa?
R. Es una forma de vestir al santo. Ya demostramos en un informe que enviamos a Educación en 2011 que hubo planes de ingenierías técnicas antiguas que, por las horas lectivas que tenían, se corresponden con planes de estudio de grado. Lo que está claro es que un titulado universitario no puede ser equiparado a un nivel de formación profesional, que es lo que los ingenieros querían que hicieran con nosotros.
P. Cuando acabe el procedimiento fijado por el real decreto, posiblemente los titulados en ingeniería técnica industrial, una antigua carrera de tres años, obtendrán la equivalencia con el nivel de grado del Meces, que son cuatro años. ¿Qué le diría a un ingeniero técnico que ya ha hecho el curso de adaptación a grado y que ahora verá a compañeros que no lo han realizado obtener el grado por decreto?
R. Le diría que este real decreto llega tarde y que nosotros venimos denunciando la falta de equivalencia desde 2011. Lo más gracioso es que esta norma se aprueba para favorecer a los profesionales extranjeros con tres años de estudios. Cuando vienen aquí, como ya no existe el título de ingeniero técnico, sin la equiparación no podrían lograr el título de grado. Entonces, ¿a ellos sí que se les homologa y a los españoles se nos negaría? Sería una desfachatez.
Un recurso para la función pública
Los ingenieros técnicos industriales recurrirán parte del real decreto del Ministerio de Educación, de equivalencia de los títulos anteriores al plan Bolonia al actual marco español. En concreto, la disposición adicional octava. En ella, se dice que la norma no se aplica al régimen de titulaciones requeridas para entrar a formar parte de los grupos A1 y A2 de la Administración pública. De esta forma, el título exigido para opositar a estos cuerpos superiores continuará siendo el de grado y los ingenieros técnicos, aunque equiparados a este nivel del marco actual, quedarán excluidos. «Es una aberración», afirma el presidente de Cogiti, José Antonio Galdón, quien anuncia que el organismo que representa va a interponer un recurso contencioso-administrativo contra esta disposición.
«En España no hay dos mercados de trabajo, uno para la función pública y otro para los demás. Los derechos que me transfiere una titulación no pueden valer solo para una parte del mercado», argumenta. «Esta disposición adicional no ha pasado por el Consejo de Estado, donde nos hemos personado como parte interesada mientras el proyecto de real decreto estaba en tramitación. La añadió el Ministerio de Hacienda en el último minuto, para que no le afectara. Estas cosas desgraciadamente pasan muy a menudo con este Gobierno, pero son totalmente ilegales», añade.
Con respecto a la postura de la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores (Fedeca), que reclama que para opositar al grupo A1 se exija un máster, Galdón se muestra tajante: «No tienen nada de lo que preocuparse, porque si los que tienen un máster son más listos que los demás, seguramente sacarán las plazas por las que se requiere un grado». «Si solo se les permite a unos pocos presentarse a las oposiciones, la Administración empleará a los mejores de un grupo reducido y no a los mejores de entre todos. Y hay muchas maneras de adquirir los conocimientos que ofrece un máster. España está enferma de titulosis».
