Domingo Villero, Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales (CACITI).
La judicatura española ha hallado en la disposición de la figura del ingeniero técnico industrial mediador un inestimable aliado para desahogar los juzgados, a los que se presenta como una alternativa en la resolución de conflictos no penales que les permite además explotar otro foco de diversificación laboral tras el oscuro horizonte dibujado por el parón de la actividad constructiva.
La irrupción de estos profesionales en el servicio de la mediación extrajudicial, que en virtud de los dispuesto en la legislación española (Ley 5/2012) autoriza a las partes en litigio resolver de mutuo acuerdo sus diferencias sin necesidad de intervención del juez, permitirá reducir el coste y la duración de los litigios civiles y mercantiles tanto a usuarios como a compañías de muy diverso objeto social. En concreto, la intervención de estos profesionales -que habitualmente son citados en procesos judiciales para labores de peritaje- en la resolución de causas no penales contribuye a reducir hasta en un 30% el atasco de procedimientos que se acumulan en los juzgados según sostiene el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales (CACITI), Domingo Villero.
«Queremos que fomentar la cultura de la mediación, que la sociedad conozca la existencia de la figura del ingeniero mediador como alternativa real para resolver sus conflictos ya que supone una forma de que se pueda deshacer el atasco tan grande que existe judicialmente en Andalucía», afirma Villero, quien espera que el servicio acabe consolidándose como nueva vía de resolución.
«Hay otra manera de resolver los conflictos antes de acudir a los juzgados, con profesionales que han recibido una amplia formación que los cualifica como tales. Pasa un poco como sucedió hace años con el tema de la prevención laboral, que tardó en calar porque había gente que creía mucho y otros poco, pero hoy día ya es una vía establecida y sin vuelta atrás», argumenta el presidente de los ingenieros industriales andaluces, quien apostilla que «hay países en los que incluso no es un procedimiento voluntario sino que para determinados casos la legislación obliga a recurrir a la mediación antes de hacerlo por vía judicial».
Y es que, según defienden los ingenieros técnicos, cuya formación está centralizada a través del consejo general y es impartida por magistrados de reconocido prestigio, la mediación permite ahorrarse hasta un 78% de los costes ocasionados en la resolución de conflictos en los tribunales, pero también rebajar hasta en 460 días la duración del litigio así como el desgaste emocional que estos llevan aparejados. Así lo refleja un estudio elaborado por ADR Center con datos del Banco Mundial, el Parlamento Europeo o el Consejo General del Poder Judicial, que cifra en 510 días la duración media de un procedimiento judicial en España frente a los 50 días que implica la mediación.
No obstante, esta vía de resolución, aunque muy extendida en otros países, está aún en una fase embrionaria en Andalucía, donde a día de hoy sólo un centenar de los 14.000 ingenieros técnicos industriales censados están habilitados para labores de mediación.
En el caso de Huelva, según Domingo Villero, existen sólo tres ingenieros mediadores y «no tenemos documentado ningún proceso de mediación, aunque si se requiriese estamos dando soporte desde el Consejo Andaluz para que puedan desplazarse compañeros de otras provincias y, en la medida en que aumente la demanda, aumentarán los compañeros que se formen en Huelva».
El ejercicio de la mediación, de carácter voluntario para las partes, queda circunscrito a las personas físicas poseedoras de un título universitario o formación equivalente que la avale así como que tengan suscrito un seguro de responsabilidad civil o garantía análoga y supediten su actuación a su inclusión en un registro tutelado por el Ministerio de Justicia.
La mediación extrajudicial de los ingenieros técnicos industriales permitirá resolver desacuerdos con las compañías suministradoras (principalmente con las que acaparan el mayor porcentaje de conflictos, como son las operadoras de telefonía, internet, televisión y las suministradoras de energía eléctrica).
También permite resolver por la vía rápida conflictos en áreas como la construcción, licencias, proyectos, mediciones, herencias, productos industriales, entrega de productos, instalaciones, reclamaciones por falta de calidad, discrepancias entre socios de una empresa, temas medioambientales, incumplimiento de plazos y contratos, ejecución de obras, aperturas, reclamaciones del ámbito de seguros, propiedad industrial, seguridad de personas y bienes, propiedad intelectual, propiedad horizontal, o daños en la propiedad.
