A pesar de que estos se apoyan fundamentalmente en su condición de corporación de derecho público, en su exclusividad territorial y en la regulación del ejercicio de las profesiones tituladas, dicho anteproyecto no respeta a priori algunas características intrínsecas de los Colegios.
Por un lado, se plantea una excesiva tutela impuesta por la administración, que restaría objetividad a las actuaciones de los colegios. También se limitan los ingresos a través de las cuotas de inscripción y colegiación por lo que será más complicado el control profesional donde los principales perjudicados serán los consumidores y usuarios.
Villero, manifiesta que, «se ataca a la única fuente de financiación de los colegios, como son sus cuotas (recordemos que el visado técnico en los trabajos hoy por hoy es voluntario en un alto porcentaje). Sin embargo, se exige tener autonomía organizativa, económica y excesivamente burocratizada, obviando que se realizan funciones de carácter público pero el coste generado se financia con fondos exclusivamente privados».
Además, matiza, «a corporaciones que ejercen funciones públicas con capital privado -es decir, sin coste para nuestros impuestos- se les exigen medidas de transparencia incluso por encima de aquellas que sí que se nutren de lo pagado por los ciudadanos. Nos gusta toda medida de control, pero bien entendido; esperamos que estos se dispongan a quienes lamentablemente malgastan el dinero público de los contribuyentes como por desgracia vemos cada día en titulares. En los Colegios simplemente no tienen sentido».
Con este Anteproyecto basta con estar inscrito en un colegio territorial para ejercer en todo el Estado. En contra, los ingenieros defienden que «ante todo, se debe priorizar el interés general de los usuarios y consumidores que deben ser atendidos por el colegio donde habitualmente ejerce el profesional, no por otro colegio de otro lugar», según subraya Villero.
En la actualidad, existe una «garantía institucional» otorgada por la Constitución a los colegios profesionales como reguladores de la profesión. «Argumento más que suficiente que debe servir para que no se les vacíe de contenido y funciones», en palabras de Villero. En este sentido, añade, «la propuesta de nuestro colectivo resulta bastante lógica: Si realmente se pretendiese generar competitividad, deberían establecerse unas reglas del juego similares para todos los profesionales y habilitar, a través de los colegios, para el ejercicio profesional, en función de los títulos académicos y el aprendizaje no formal (experiencia y formación continua), tal y como se impone en el ámbito europeo y mundial».
Desde el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, con José Antonio Galdón a la cabeza, se sienten «muy decepcionados» por el aspecto que está tomando la actuación del Ministerio de Economía y Competitividad en este asunto ya que lo que parecía ser una reforma constructiva y una adaptación al ámbito europeo y mundial de las profesiones con el fin de aumentar la competitividad se ha convertido en un coto cerrado a la actividad profesional. Claramente, «esta nueva Ley atenta contra nuestra libertad, competitividad y la independencia de estas Instituciones de derecho público y democráticas», sentencia Villero.
Por último, cabe destacar que existe una garantía institucional otorgada por la Constitución (artículo 36) a los colegios profesionales como reguladores de la profesión, función que han de cumplir con solvencia dado que actúan en representación y defensa de los intereses profesionales de los colegiados y de la sociedad, que es al fin y al cabo quién los precisa. Con esta norma se deja la colegiación obligatoria de las 80 profesiones actuales a tan sólo 38, vaciando de contenido y funciones al resto. La ley no resuelve problemas sino que los crea y pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos; según lo defendido por COGITI ya que «el mundo profesional necesita de otras medidas para su correcta adecuación al Espacio Europeo».
