El secretario general del sindicato UGT, Cándido Méndez, ha remitido un escrito a la Plataforma de Trabajadores de Colegios Profesionales en el que informa sobre la decisión adoptada por la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT de interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, impugnando la legalidad del Real Decreto 1000/2010 de 5 de Agosto sobre visado colegial obligatorio.
Según explica Méndez en dicha carta, “a través de nuestra Unión de Técnicos y Cuadros de UGT, y personalmente su coordinador confederal, Miguel Ángel Zamarrón, hemos venido, en la medida que nos ha sido posible, actuando en la etapa de elaboración de dicho RD; actuación restringida al no habérsenos dado audiencia explícita, como es preceptivo por la Ley del Gobierno, en el trámite de alegaciones a los borradores del anteproyecto. Enviamos, no obstante, nuestras opiniones, ya que no formalmente alegaciones, a la Secretaría General de Política Económica y Economía Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda; y, en el mismo orden de cosas, el Secretario Confederal de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, acompañado por el Coordinador de la UTC-UGT mantuvieron una reunión con el titular de dicha Secretaría General, Ángel Torres. A la vista del texto de dicho RD, publicado en el BOE del 6 de Agosto, nuestras opiniones no han sido recogidas en el mismo”.
La Comisión Ejecutiva Confederal de UGT ha decidido, por lo tanto, impugnar la legalidad de dicho RD en cuanto a la forma de su tramitación, basada dicha impugnación en el incumplimiento de la Ley del Gobierno “en tanto que una organización, como es el caso de la UGT, con intereses, explícitos y evidentes, afectados por la norma recurrida, no ha sido tenida en cuenta, formal y explícitamente, en su elaboración”, indican.
El secretario general de UGT señala que va a tratar de llevar adelante dicha impugnación legal hasta sus últimas consecuencias, “pues somos conscientes de los graves perjuicios que, para la ciudadanía en general, y para los miles de trabajadores afectados en particular, supone dicha norma”.
Por último, la organización sindical se compromete, tanto en el ámbito Confederal, a través de la UTC-UGT, como en el sectorial, a través de la Federación de Servicios, “a seguir actuando al respecto, con el objetivo, primero de la anulación del RD y, si ello se consiguiera, en la búsqueda de una norma jurídica menos lesiva, en términos laborales, y más acorde con el sentido común y con la ciencia, en términos generales y de ciudadanía”.