Jesús Trillo-Figueroa, José María Coello de Portugal y José Antonio Galdón (de izda. a dcha.).
La jornada comenzó con las palabras del presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), José Antonio Galdón Ruiz, que dio la bienvenida a los asistentes, y agradeció al vicerrector de la UCM, José María Coello de Portugal, “que haya venido esta mañana a compartir con nosotros esta jornada, y nos dé su visión sobre las situaciones que estamos viviendo en el ámbito de las Ingenierías”.
Jesús Trillo-Figueroa, asesor jurídico del COGITI, presentó a José María Coello de Portugal Martínez del Peral, que además es profesor de Derecho Constitucional, y que pronunció la ponencia “El grado universitario en la Función Pública”.
Coello de Portugal comenzó su intervención con una explicación del proceso de Bolonia, sus características, las innovaciones que se han experimentado en el ámbito de la educación europea, las consecuencias que ha tenido, y su aplicación en España, con los problemas específicos de las distintas profesiones.
De este modo, explicó que, para entender el contexto actual, hay que partir de una reforma educativa, como es el proceso de Bolonia, que surgió de “una necesidad política de la Unión Europea”, y en esta evolución necesitaba algo tan fundamental como era la “construcción de la ciudadanía europea”, es decir, que hubiera movilidad en el entorno europeo. Por ello, afirmó, en un primer momento se puso el foco en los ciudadanos más jóvenes, con la pueta en marcha del programa Erasmus. En 1999 se firmó la Declaración de Bolonia, con el objetivo de lograr dicha construcción de la ciudadanía europea, a través del intercambio académico y la movilidad de la población. Se empieza hablar entonces de las demandas del mercado, y el proceso de Bolonia atendía a la empleabilidad, a la transformación del modelo productivo europeo. Se creó el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que supone un marco de referencia en Europa, al que progresivamente se irían acomodando los distintos Estados miembros.
Este hecho supuso varias innovaciones en España, como la introducción del crédito ECTS (sistema europeo de transferencia de créditos). Cada crédito corresponde a 25 horas de trabajo, una métrica común para toda la UE, con el fin de garantizar la homogeneidad y la calidad de los estudios que ofrecen las universidades del EEES. De esta manera, se permitiría “la fácil movilidad de las titulaciones”, y se dividió el conocimiento en 3 áreas: contenidos, destrezas y competencias. Se introdujo la evaluación continua y la enseñanza práctica, pero al mismo tiempo se estableció un mecanismo de libertad de ampliación exponencial de la autonomía de las universidades, de tal modo que unas compiten con otras.
La consecuencia práctica de todo ello ha sido que los títulos y los niveles educativos anteriores a Bolonia “se han pulverizado”. “Hay un error muy extendido que es pretender homologar lo antiguo (diplomatura, licenciatura y doctorado) con la nueva organización, basada en el grado, máster y doctorado. Lo nuevo no se puede comparar con lo anterior, ya que el mecanismo de ordenación de la educación es totalmente diferente”, aseguró.
Otro aspecto que señala el vicerrector es que en la etapa anterior “había diplomaturas que tenían una carga docente de hecho infinitamente más amplia, y una dedicación muy superior a la de muchas licenciaturas. La licenciatura tenía un nivel excelente; sin embargo, fabrica científicos en potencia, pero no tanto profesionales, pues tiene un difícil reciclaje, y no puede ser aplicado toda la vida, salvo excepciones”. Por su parte, el doctorado en España estaba, comparado con el resto de países europeos, por debajo de la media comunitaria. En este marco, a su juicio, “es imposible establecer una homologación entre tantos países”.
En este contexto, se creó el grado como enseñanza universitaria de carácter básico, con una duración de cuatro años académicos en España, a diferencia de otros países donde es de tres, y con las ventajas de ofrecer una gran diversidad de estudios, estar inspirado en una enseñanza práctica y no tener necesariamente que seguir un conocimiento científico. En su opinión, “con Bolonia, ya no hay que identificar una ciencia concreta con una titulación específica”.
“El error parte de la homologación del sistema antiguo con el nuevo, ya que no tienen nada que ver, pues realmente no ha habido una evolución del sistema. Lo que hay es una ruptura y una extinción del sistema de licenciatura, un nuevo sistema de organización de títulos en la UE”, señaló.
En la universidad hay que distinguir entre 3 cuestiones, con finalidades completamente distintas: “En primer lugar, el nivel de conocimiento o de formación de una persona en determinada ciencia; en segundo lugar, la habilidad (posibilidad legal) de una persona para ejercer una profesión titulada regulada y, en tercer lugar, la posibilidad de esta persona de incorporarse al ejercicio de funciones públicas (en la Administración). Las tres son cosas distintas”, aseveró.
Según su criterio, la jurisprudencia confunde estas tres cuestiones, que tienen como origen un título, pero sus finalidades son totalmente diferentes, ya que los conceptos no están del todo claros, y en ocasiones hay un error en la aplicación del derecho. “Ejercer en las funciones públicas no es una cuestión educativa ni profesional, es una mera cuestión administrativa. La que decide quién, cómo y cuándo se incorpora a una Administración Pública para el ejercicio de una función de cuerpo de escala en la Administración General del Estado, autonómica o local, no es ni la universidad ni los colegios profesionales, sino la propia Administración”, subrayó.
Y añadió: “Lo que ha habido hasta ahora ha sido una confusión de conceptos, que primero afectó al legislador y después a la jurisprudencia, y una confusión añadida concurrente de las administraciones públicas”.
“No se debe mezclar el acceso a la Función Pública con la habilitación para el ejercicio de una profesión titulada”, concluyó.
Tras finalizar su intervención, los asesores jurídicos que asistieron a los VII Encuentros de Asesores Jurídicos de los Colegios de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales le plantearon diversas cuestiones, y debatieron sobre estos temas.
Posteriormente, la jornada de trabajo continuó sólo con los asesores jurídicos de los Colegios, que iniciaron un coloquio sobre temas de actualidad, en el que pusieron en común las principales inquietudes y las problemáticas a las que tienen que hacer frente las organizaciones colegiales.
