Además del subsecretario de Industria y Turismo, a la reunión asistieron también la secretaria general técnica del Ministerio, Nuria García; el jefe del Gabinete del Subsecretario, Ángel Sánchez Maíllo; el subdirector general de Calidad y Seguridad Industrial, José Manuel Prieto Barrio, y la subdirectora de Autonomía Estratégica Industrial, María Jesús García. Por parte del COGITI asistió también el secretario técnico, Ángel Luis Fernández Cámara.
El subsecretario de Industria escuchó atentamente los puntos clave de dicha propuesta de Ley, impulsada por el Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE), cuya presidencia la ostenta también el presidente de COGITI, y con la que se pretende adaptar definitivamente nuestro país al modelo europeo. De esta manera, se busca, en primer lugar, una “alineación con Europa”, para homologar la estructura española con los estándares europeos y facilitar el reconocimiento profesional mediante marcos como Engineers Europe y la certificación EUR ING.
El segundo pilar es la certidumbre académica. En los últimos años, el sistema universitario español ha vivido una creciente proliferación de titulaciones vinculadas a la Ingeniería con estructuras y efectos profesionales muy diferentes entre sí. Por ello, la Ingeniería Técnica lleva tiempo alertando sobre la expansión de titulaciones no habilitantes (también conocidos como “Grados blancos” o “sin atribuciones”), y sobre la confusión que esta situación genera tanto entre los estudiantes, y sus familias, como entre los empleadores.
La futura Ley de la Ingeniería plantea reservar la denominación de “Ingeniería” únicamente para aquellos títulos que cumplan una “arquitectura académica” rigurosa y homogénea. La propuesta contempla que todas las titulaciones de Ingeniería tengan una estructura mínima de 240 créditos ECTS y un núcleo formativo técnico claramente definido.
La propuesta busca evitar así situaciones en las que estudiantes que cursan títulos de Grado con denominación de Ingeniería descubren posteriormente que necesitan formación adicional obligatoria (másteres habilitantes) para ejercer profesionalmente, porque los estudios no se acomodan a las órdenes CIN que regulan los estudios de las correspondientes ramas de la Ingeniería.
En tercer lugar, la propuesta de Ley de la Ingeniería plantea avanzar hacia un sistema dinámico basado en competencias profesionales, en el que la formación a lo largo de toda la vida profesional se convertiría en un elemento central del sistema.
El sistema actual se basa fundamentalmente en atribuciones estáticas vinculadas al título académico inicial. El presidente de COGITI e INGITE considera que este modelo ya no responde adecuadamente a la realidad tecnológica ni al desarrollo actual de las profesiones técnicas. Según este enfoque, el desarrollo profesional no finalizaría con la obtención del título universitario, sino que evolucionaría mediante experiencia profesional, formación continua, microcredenciales, especialización técnica y másteres.
Todo ello en un contexto en el que la transición energética, la reindustrialización, la digitalización, el desarrollo de infraestructuras resilientes, la gestión sostenible del agua, la movilidad inteligente o la autonomía estratégica europea “exigen más ingeniería y mejores estructuras profesionales”. A ello se suma que España afronta, al mismo tiempo, una preocupante caída de vocaciones técnicas y una creciente fragmentación del sistema universitario, por lo que la futura ley puede convertirse en una herramienta estratégica para recuperar prestigio profesional, reforzar la calidad académica, clarificar itinerarios formativos y mejorar la conexión entre formación y ejercicio profesional.
Por su parte, la AERRAAITI, como asociación representativa del estudiantado, considera fundamental seguir de cerca todas aquellas iniciativas que puedan afectar tanto a la formación universitaria como al ejercicio de la profesión. “La futura Ley de Ingeniería supone una oportunidad histórica para modernizar un marco regulador que lleva décadas sin una reforma integral y, por ello, entendimos que era imprescindible que la voz de los estudiantes estuviera presente en ese debate”, señala su presidente, Oliver Martin Dostert. Por ello, en la Asamblea General de la AERRAAITI celebrada el pasado mes de mayo, se aprobó el “Posicionamiento sobre el futuro del marco regulador del ejercicio de la ingeniería en España”.
Futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica
El otro gran tema de la reunión fue la futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica, ya que, al no haberse completado su tramitación en esta legislatura, sigue plenamente en vigor la actual Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. De forma generalizada, el sector reclama la aprobación urgente de una nueva Ley para sustituir a la anterior, y adaptar el tejido productivo a los retos actuales.
José Antonio Galdón ha manifestado la necesidad de tener una Ley dinámica y acorde al siglo XXI, que otorgue al tejido industrial el impulso y papel preponderante que merece, con especial visión para el fomento de la seguridad industrial y la figura del técnico competente.
Además, ha señalado que se trata de “una Ley más necesaria que nunca, pero requiere un marco global propicio para su desarrollo, y entre otros, una fiscalidad diferente y adecuada a las necesidades específicas del tejido industrial, reformas del sector energético que permitan la estabilidad de los precios, y medidas específicas en el mercado laboral, que sean capaces de generar y captar talento para el sector”.
El presidente del COGITI recordó también la proliferación de grados universitarios de la rama industrial que no cumplen con la Orden CIN/351/2009 y, por lo tanto, no habilitan para la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. El proyecto de Ley de Industria recogía la exigencia del «técnico competente» para firmar proyectos y certificaciones de seguridad industrial, un requisito legal del que actualmente están excluidos miles de graduados de títulos universitarios «no habilitantes». Por este motivo, desde el COGITI se plantea la posibilidad de articular el acceso o habilitación parcial a la profesión regulada.

